La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló dos cargos contra la empresa Enel.
Los extensos cortes del suministro eléctrico siguen causando estragos en los clientes. Desde el Gobierno confirmaron nuevos cargos en contra de las distribuidoras, que se sumarán a los anunciados el domingo en contra de Enel, por casi $4 mil millones. Desde el Ministerio de Energía detallaron que la empresa que acumula más faltas es Enel, a cargo de la concesión en gran parte de la Región Metropolitana, pero que se está evaluando también el actuar de CGE, firma que posee la mayor cantidad de clientes a lo largo del país. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) se constituyó en las oficinas de Enel para realizar una auditoría y al terminar el día informó que formuló dos cargos contra la empresa, por incumplir aspectos normativos relacionados con la restricción del suministro eléctrico y no entregar de información sobre los tiempos de reposición del servicio tras los cortes de luz que se produjeron desde la noche del jueves 1 de agosto.
“Estas formulaciones de cargos de la SEC muestran que la investigación que se está llevando adelante de manera estricta”, dijo el ministro de Energía, Diego Pardow. Más temprano había explicado que este proceso es paralelo a las compensaciones que deben realizar las empresas por el suministro no entregado. La superintendenta Marta Cabezas argumentó que “la autoridad debe tomar decisiones y gestionar emergencias con información oportuna y veraz, por lo que si una empresa no entrega la información que se le ha requerido, esto afecta la posibilidad de gestionar una contingencia como la que estamos viviendo”.
Reforma
Uno de los consensos entre los expertos ante estos cortes extendidos de energía es que se requiere de mayor inversión en las redes de distribución. No obstante, como las distribuidoras son empresas reguladas y cuentan con rentabilidades fijas, se requiere de una reforma. El socio de Guerrero Olivos Eduardo Cordero plantea que esta condición del sector “explica el alto nivel de cobertura y del servicio de todos tenemos en Chile, el cual debe considerar un equilibrio razonable entre la inversión que se debe realizar y la tasa de rentabilidad que obtienen las empresas”.
A la fecha, desde el Gobierno han planteado que se requiere unificar consensos, aunque los eventos recientes podrían adelantar estas discusiones, que incluso se verán este miércoles en el Senado, que también abordará cambios en el proyecto de subsidios (ver recuadro). Francisco López, exsubsecretario de Energía y director de Energía de Jara del Favero Abogados, plantea que dicha reforma debe ser abordada de manera integral, “en particular en lo que se refiere a entregar más información y libertad de elección a los usuarios, para que puedan optar por el suministrador que mejor se adecue a sus necesidades, y mejorar la calidad de servicio que hoy entregan las empresas”.
López agrega que actualmente las multas no son bajas, pero más que los montos que se aplican, “lo importante es ver si el proceso sancionatorio cumple un rol en la mejora en la calidad de servicio o no”. El gerente general de la consultora Systep, Rodrigo Jiménez, indica que “no se trata solamente de subir las multas, sino que también se trata de dar incentivos en tarifas y fijarnos cómo va a ser el nivel de calidad que queremos. Porque también, por otra parte, de manera teórica, si se quiere una red tan resiliente que no falle a todo evento, ese costo es infinito”, y remarca que es indispensable que el Ejecutivo lidere esta discusión con un proyecto ante el Congreso.
Interrupciones
Producto de los diversos eventos que se han producido en los últimos meses, desde la empresa EVOL señalan que estamos en camino a tener el mayor índice de cortes de energía en más de 10 años, con unas 20 horas de interrupción a finales de 2024. “Considerando los últimos datos de la SEC, donde a mayo se presenta un aumento sobre 50% de las interrupciones respecto del año pasado, esta proyección se vuelve aún más preocupante. Además, el reciente evento climático del fin de semana, que afectó a más de 2 millones de usuarios, podría empeorar aún más las cifras”, comenta el subgerente de nuevos negocios de EVOL, Alejandro Ramírez.
El socio de MICP Abogados, Juan Pablo Marré dice que resulta urgente un trabajo coordinado entre las autoridades reguladoras, municipios y empresas, destinado a reforzar las obligaciones que cada parte tiene respecto de sus instalaciones y áreas verdes. “A largo plazo, el Gobierno debiera idear en conjunto con las empresas involucradas planes de mejoramiento o renovación urbana”. El gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Plataforma Energía, Luigi Sciacaluga, plantea que en el corto plazo existen otras alternativas. “Una política eficaz es la implementación masiva de medidores inteligentes y la estructuración de tarifas con diferenciación horaria. En particular, en redes de distribución hoy las empresas son informadas manualmente de los cortes de suministro eléctrico, por lo que son sumamente reactivas. Con estos dispositivos, en cambio, las distribuidoras pueden enterarse de la interrupción del servicio, agilizando así el nivel de cuadrillas para reponer la electricidad”, comenta Sciacaluga.
Hasta ayer lunes se contabilizaban más de 200 mil afectados en la Región Metropolitana:
Proponen congelar tarifas de distribución por el resto del año y destinar fondos de multas al subsidio eléctrico
En el Congreso han aparecido diversas propuestas para hacer frente a la situación que atraviesan las empresas de distribución. Mañana, en la comisión de Minería y Energía del Senado se abordará el tema, buscando acelerar la discusión de una reforma. No obstante, como este debate es de largo aliento, desde el Gobierno señalaron que esta abierta la posibilidad de incluir cambios legales en el marco del proyecto de subsidios que se elabora y que se debe presentar antes del 15 de agosto. El presidente de la comisión, Juan Luis Castro, propuso que las multas que se van a cursar a las empresas a causa de los últimos eventos sean destinadas a otorgar subsidios a 4,7 millones de usuarios.
Asimismo, Castro propuso que las distribuidoras “dejen de cobrar su parte en la cuenta final de luz eléctrica. Eso significaría rebajar un 20% automáticamente el valor de esta tarifa. Eso es inédito, no se puede obligar, pero es un emplazamiento que estamos haciendo, en base a los eventos y demandas colectivas, porque en esto cada uno tiene que tener un ancho ético y una cuota reputacional enorme”.
En la Cámara de Diputados impulsan una comisión investigadora, solicitada por Jaime Mulet (FRVS) y Rubén Oyarzo (Ind.), para analizar y pedir las sanciones correspondientes para quienes resulten responsables por los cortes. “Es brutal lo que han tenido que vivir las personas, particularmente en la Región Metropolitana, por el comportamiento de las empresas eléctricas. No es posible que una situación de esta naturaleza se siga repitiendo en ningún lugar del país”, dijo Mulet.
Borrador de la mesa técnica
En paralelo, ya está circulando entre los miembros de la mesa técnica el primer borrador del informe que servirá de insumo para el proyecto de ley, en el que se plantea que se requieren aproximadamente US$ 913 millones para financiar la propuesta de ampliación del subsidio eléctrico para los años 2025, 2026 y 2027.
Se establece que los ejes del financiamiento será la mayor recaudación que existirá por IVA producto del alza de las cuentas, así como el impuesto a las empresas y un cargo a las compañías por precio estabilizado que pagan por los retiros de electricidad y que reciben los proyectos PMGD. De esta manera, se descarta un alza al cargo por servicio público que pagan actualmente los clientes de mayor consumo.
La tardanza en llegar al punto de falla y la información respecto a la reposición del servicio son los principales incumplimientos.
